RESUMO

Introducción

La gestación subrogada plantea complejos desafíos éticos, legales y sociales. En México, únicamente los estados de Tabasco y Sinaloa permiten estos contratos, regulados principalmente en términos civiles, mientras que la normativa sanitaria es competencia federal. La práctica involucra a padres intencionales, mujeres gestantes y niños nacidos mediante estos acuerdos, quienes enfrentan asimetrías de poder y riesgos de vulneración de derechos humanos.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 2017) reconoció que la vida familiar de personas del mismo sexo puede extenderse a la procreación y crianza, resaltando la necesidad de garantizar derechos reproductivos más amplios. Sin embargo, la legislación local histórica ha carecido de protecciones suficientes, permitiendo abusos y conflictos legales. Otros estados, como Coahuila y Querétaro, invalidan explícitamente cualquier acuerdo de subrogación, presumiendo la maternidad de la gestante, mientras que en gran parte del país la práctica permanece desregulada.

Se requiere una legislación federal integral que regule la reproducción asistida y la gestación subrogada, garantizando los derechos de mujeres gestantes, padres intencionales y niños nacidos mediante estos acuerdos. Esta normativa debe incluir medidas de no discriminación hacia personas solteras, parejas del mismo sexo y extranjeros, así como criterios claros sobre la nacionalidad y condición migratoria de los menores.

Los congresos locales pueden impulsar la regulación federal, evitando invadir competencias y proporcionando un marco normativo claro. La discusión sobre gestación subrogada en México refleja la necesidad de equilibrar los avances científicos con la protección de derechos humanos, asegurando que la práctica sea ética, segura y justa para todas las partes involucradas.

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