RESUMO

En Ecuador, el acceso equitativo a servicios públicos esenciales como salud, educación
y protección social continúa siendo un desafío, especialmente en zonas rurales, urbano-
marginales y comunidades indígenas. Aunque la Constitución de 2008 garantiza estos
derechos como progresivos y fundamentales, persisten brechas estructurales derivadas
de la pobreza y la exclusión social. Factores como la crisis económica, la pandemia de
COVID-19 y los recortes presupuestarios. Este problema no solo implica una falta de
desarrollo, sino una vulneración de los derechos humanos, al impedir que sectores
vulnerables accedan a condiciones de vida dignas. A pesar de los programas sociales
implementados —como el Bono de Desarrollo Humano, la Misión Las Manuelas y la
estrategia “Ecuador Crece sin Desnutrición”— aún se evidencian profundas
desigualdades por territorio, género y clase social. Estas diferencias obstaculizan el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Desde el
enfoque de políticas públicas, es crucial evaluar si las estrategias adoptadas promueven
verdaderamente la equidad, la inclusión y garantizan el acceso real a los servicios. No
basta con asegurar derechos en el marco legal; es esencial constatar si se cumplen en la
práctica con calidad, oportunidad y dignidad. Se plantea una revisión crítica de las
políticas públicas ecuatorianas enfocadas en la equidad del acceso a servicios básicos,
con una mirada desde los derechos humanos y la justicia social, identificando barreras,
avances y desafíos para una propuesta más inclusiva y efectiva.

Palabras clave: equidad, servicios públicos, inclusión, educación, pobreza.